El fin del uso de combustibles fósiles para calefacción y refrigeración ya tiene fecha

En 2035 y como máximo en 2040. Esa es la fecha que se marca como objetivo el proyecto de medidas aprobado por el Parlamento Europeo -que revisa la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios– con el fin de que la descarbonización del sector de la construcción sea una realidad en 2050. En cualquier caso, el proyecto de ley aún tendrá que pasar por una fase de negociaciones para ser aprobado de forma definitiva. Algo que ocurrirá a finales de este año o principios de 2024.

La eliminación progresiva de los sistemas de calefacción y refrigeración que utilicen combustibles fósiles incluye a las calderas de gas o gasóleo. De hecho, el texto aprobado incluye medidas como la prohibición de ayudas públicas a la instalación de calderas alimentadas con combustibles fósiles a partir de 2027, “salvo -matiza- las seleccionadas para inversión antes de 2027 en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión”.

Además, el texto también distingue entre “tecnologías y los combustibles que utilizan”, por lo que se excluye a las calderas denominadas “híbridas” que ya pueden emplear energías renovables como los biocombustibles o el hidrógeno.

Los edificios nuevos serán “cero emisiones” a partir de 2028

Según la Comisión Europea, los edificios de la UE son responsables del 40% de nuestro consumo de energía y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para reducir esas cifras, el texto respaldado por el Parlamento Europeo establece una serie de medidas como:

– A partir de 2028 todos los edificios nuevos deberán ser de cero emisiones. En el caso de los edificios públicos el plazo será 2026.

– En 2028 todos los edificios nuevos deberán estar equipados para la instalación de paneles solares, siempre que sea factible desde el punto de vista técnico y económico (en el caso de los edificios residenciales en los que se hagan reformas de consideración el plazo se alargará hasta 2032).

– Los edificios residenciales tendrían que conseguir, como mínimo, la clase energética E en 2030, y la D en 2033. Los edificios no residenciales y públicos tendrían que conseguirla en 2027 y 2030 respectivamente.

Estas nuevas normas no se aplicarán a los monumentos, los edificios protegidos por su valor arquitectónico o histórico, los edificios técnicos, los de uso temporal y las iglesias y lugares de culto. También podrán hacer una excepción con la vivienda pública social, en aquellos casos en que una renovación llevaría aparejado un aumento del alquiler que no podría compensarse con el ahorro en la factura energética.

Para conseguirlo, los Estados miembros deberán reimpulsar sus planes de renovación de edificios y facilitar el acceso a financiación y subvenciones para rehabilitación y reformas que favorezcan la eficiencia energética.